Boletín N° 259
19 de Octubre 2026

 

Más de 5 mil millones de dólares en afectación económica a la minería ilegal, con 1.262 campamentos destruidos y 1.899 bocaminas inhabilitadas.

La minería ilegal se ha debilitado con una afectación económica estimada en USD 5.084.290.450 a escala nacional, como resultado de las operaciones del Bloque de Seguridad. Estas intervenciones permitieron destruir 1.262 campamentos clandestinos e inhabilitar 1.899 bocaminas. Las acciones redujeron espacios utilizados para la extracción ilícita de recursos naturales. Con ello, se limita la capacidad operativa de las estructuras criminales.

Como parte de estos resultados, en lo que va del 2026, se decomisaron 83.276 sacos de material aurífero y se inhabilitaron 1.816 máquinas, entre retroexcavadoras, dragas y clasificadoras. Estos recursos eran utilizados para sostener las actividades de extracción ilegal. Su retiro afecta la infraestructura y los medios empleados en este negocio ilícito. Las intervenciones también contribuyen a proteger los recursos naturales del país.

En los últimos días, una operación militar en Santa Rosa, provincia de El Oro, permitió localizar 40 bocaminas, campamentos clandestinos y cientos de explosivos. La intervención provocó una afectación económica estimada en 3,6 millones a las estructuras vinculadas con la minería ilegal. Este resultado se suma a las acciones ejecutadas en distintos puntos del territorio nacional. La operación limitó los recursos disponibles para continuar con estas actividades.

Las operaciones contra la minería ilegal y el tráfico de combustibles también buscan reducir delitos asociados, como el tráfico de armas, los secuestros, las extorsiones, el contrabando y los delitos ambientales. Estas actividades ilícitas pueden financiar otras economías criminales y afectar la seguridad de la población. Por ello, Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional mantienen acciones coordinadas para combatirlas.

El Gobierno Nacional y el Bloque de Seguridad mantienen su compromiso de actuar contra quienes destruyen la naturaleza, financian la violencia y amenazan la soberanía nacional. Las operaciones continuarán orientadas a debilitar las economías ilícitas y recuperar el control territorial. Cada intervención busca reducir los medios que sostienen estas actividades. La lucha contra estos delitos se mantiene firme y sin tregua.