GOLPE HISTÓRICO AL TRÁFICO DE COMBUSTIBLE: MÁS DE 1 MILLÓN DE GALONES DECOMISADOS EN LO QUE VA DEL 2025, CON UNA AFECTACIÓN SUPERIOR A LOS 21,5 MILLONES DE DÓLARES
Boletín N° 141
15 de Septiembre 2025
En lo que va del 2025, el Bloque de Seguridad, a través de las Fuerzas Armadas, ha decomisado 1.022.457 galones de combustible, con una afectación económica de 21,5 millones de dólares. Esta cifra refleja un incremento contundente frente al 2024, cuando se incautaron 571.337 galones, con una afectación de 13,3 millones de dólares.
El resultado es claro: 78,9% más galones decomisados y 62,1% más pérdidas económicas para las mafias en comparación con el año anterior. Adicionalmente, se han destruido 1.095 acoples clandestinos, junto a 81 pistas artesanales de acoples clandestinos y 28 pistas clandestinas, golpeando de manera directa las operaciones de extracción y transporte ilícito de combustible.
Del total decomisado este año, 696.136 galones corresponden a gasolinas, 113.255 a gasolina blanca, 116.783 a diésel y 96.284 a derivados de combustible. El diésel se posiciona como el segundo tipo de combustible más incautado, lo que confirma su rol clave en el sostenimiento de actividades ilegales, especialmente la minería ilegal que depende de este recurso para operar maquinaria pesada.
El tráfico de combustible no es solo un delito económico: está directamente ligado a la minería ilegal, al narcotráfico y al financiamiento de grupos del crimen organizado. Cada galón robado o desviado significa dinero sucio que termina en manos de mafias violentas, maquinaria ilegal puesta en funcionamiento y más poder para quienes buscan desestabilizar al país.
Los principales responsables de este negocio ilícito son las organizaciones criminales Los Tiguerones, Los Lobos, Los Choneros y Los Gánsters (en Esmeraldas). Estos grupos utilizan el combustible para sostener operaciones ilegales, especialmente en minería ilegal, donde la maquinaria pesada depende del acceso a grandes volúmenes de diésel a bajo costo.
Las operaciones militares han identificado y golpeado con fuerza los tramos más vulnerables de los poliductos: Libertad–Manta, Libertad–Pascuales, Pascuales–Cuenca y Santo Domingo–Esmeraldas. En los tres primeros, la geografía costera deja al poliducto a la vista, lo que facilita las perforaciones clandestinas; tras el control y neutralización intensiva en esas zonas, las mafias han desplazado sus acciones hacia el tramo Santo Domingo–Esmeraldas, que ha registrado un incremento de ataques en el último semestre. Solo durante este fin de semana, el Ejército Ecuatoriano decomisó cerca de 7.000 galones de combustible en Shushufindi y en la ruta La Libertad–Pascuales, demostrando que la presión militar es permanente y que el Estado responde de forma inmediata en todos los frentes.
Para enfrentar este fenómeno de manera estructural, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se encuentra desarrollando un proyecto de automatización y sistematización de mando y control que permitirá vigilar en tiempo real los poliductos y detectar perforaciones clandestinas desde el momento en que ocurren. Esta innovación reforzará la capacidad de reacción inmediata y reducirá drásticamente la vulnerabilidad de la infraestructura estratégica.
A ello se suma la eliminación del subsidio al diésel, una medida clave que corta de raíz los incentivos del contrabando y dificulta que las mafias accedan a combustible barato para sus operaciones ilícitas. Con este paso, el Gobierno no solo ataca la corrupción que rodea al tráfico de combustibles, sino que también debilita a la minería ilegal y a las redes criminales que dependen de este recurso para sostenerse.
El Gobierno del presidente Daniel Noboa Azin y el Ministerio de Defensa Nacional, liderado por el ministro Gian Carlo Loffredo, han establecido una política clara: asfixiar financieramente a las mafias, cortar cada ruta de contrabando y recuperar el control del territorio nacional.
Atacar el tráfico de combustible significa frenar el suministro que alimenta a la minería ilegal, reducir el poder económico de bandas narcoterroristas y garantizar que los recursos de los ecuatorianos no terminen financiando la violencia. Esta guerra continúa, y el Estado no dará tregua hasta desmantelar por completo estas economías criminales.